Contrariamente a las garantías constitucionales estadounidenses en casos penales, las personas sujetas a procedimientos de deportación en casos de inmigración no tienen derecho a un abogado. Esta ley, si se promulga, no solo garantizaría al gobierno el acceso a un abogado, sino que también designaría o proporcionaría un abogado para estas personas vulnerables. El financiamiento para la representación legal provendría de reservar una porción de $10 de las tarifas existentes recaudadas de quienes solicitan beneficios de inmigración.

“Como exabogado, creo que las personas vulnerables deberían tener acceso a un abogado durante audiencias tan formativas y potencialmente transformadoras”, dijo el representante A. Donald McEachin. “Es inconcebible que los niños, las víctimas y las personas con discapacidad se queden sin representación legal durante procedimientos tan impactantes, y no podemos permitir que continúe. Me enorgullece presentar la Ley de Procedimientos JUSTOS para brindarles a las personas vulnerables los recursos legales que necesitan mientras presentan su caso en la corte de inmigración. No solo es una cuestión de justicia y debido proceso, sino que también ayudará a acelerar los procesos judiciales y reducir la acumulación de casos en los tribunales de inmigración”.

“Los niños inmigrantes y las personas vulnerables, como los solicitantes de asilo, deben recibir justicia en los Estados Unidos. Este proyecto de ley ayudaría de manera importante a reducir la acumulación de casos en los tribunales de inmigración, ahorraría dinero al gobierno y garantizaría que se protejan los derechos de debido proceso de los niños”. dijo la representante Zoe Lofgren, presidenta del Subcomité de Inmigración y Ciudadanía de la Cámara.